Comunicado

La gradual salida de 553 prisioneros de las mazmorras cubanas, no es un gesto de buena voluntad del régimen. Se trata de una transacción espuria que se repite en el tiempo.

Este tipo de excarcelaciones responden a la conveniencia de la élite política nacional, siempre dispuesta a pagar con reos, alguna que otra concesión, en este caso de la saliente administración demócrata que removió a la Isla de la lista de los estados patrocinadores del terrorismo y suspendió el título III de la ley Helms-Burton.

Nada que ver con una decisión unilateral y genuinamente humanitaria. Todo supeditado a las reglas del clásico toma y daca y también a las probabilidades del regreso al cautiverio de no mantenerse una conducta en sintonía con el orden social impuesto por el partido y sus instituciones.

Como ya ha ocurrido en el pasado, ni asomo de indultos y mucho menos amnistía. Los voceros del gobierno se han encargado de enfatizar que son excarcelaciones anticipadas y licencias extrapenales, categorías que no prescriben el delito cometido.

Al no existir la categoría de preso político, ni de conciencia en el código penal, es presumible que entre los beneficiados figure un número, quizás significativo de presos comunes, con el objetivo de sacar ventaja de un acuerdo viciado de principio a fin.

En actualidad, más de 1000 hombres y mujeres guardan prisión por acciones pacíficas en demanda de cambios democráticos. Por tanto, las liberaciones pactadas si solo beneficiasen a los encarcelados por estos motivos, no llegarían ni al 50 % del total.

La junta directiva de Connection for Better Living, exige la libertad inmediata e incondicional de todos los presos y presas por causas políticas y la creación de un marco constitucional inclusivo y despojado de instrumentos legales que coartan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.